El presidente peruano, Alan García, en el palacio presidencial de Quito, el 9 de febrero de 2010. La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de prohibir a la prensa difundir grabaciones de diálogos telefónicos privados sin autorización de los implicados o por orden de un juez, fue calificada como un golpe en la lucha contra la corrupción y un atentado a la libertad de prensa.
La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de prohibir a la prensa difundir grabaciones de diálogos telefónicos privados sin autorización de los implicados o por orden de un juez, fue calificada como un golpe en la lucha contra la corrupción y un atentado a la libertad de prensa.
La norma sorprendió a los gremios periodísticos, a juristas y políticos que advirtieron que la decisión del TC, cuyos fallos son inapelables, podría favorecer la impunidad de casos que actualmente están bajo investigación y que comprometen a funcionarios y altas esferas gubernamentales.
Según el tribunal, "los medios de comunicación social están prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, salvo que exista autorización de los interlocutores grabados o un mandato judicial que permita su difusión por ser de interés público".
La resolución del TC señala expresamente que quien transgreda la norma queda "bajo responsabilidad de ser denunciado penalmente" al precisar que la difusión de cintas grabadas subrepticiamente "configura una violación del derecho a la honra y a la dignidad de toda persona, en el cual se incluye su privacidad".
La sentencia del TC generó de inmediato una polémica y la protesta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
"Es un intento de coartar la libertad de prensa mediante una norma que tiene un olor a trasfondo político, todo lo cual lo único que logra es ahondar el ocultamiento de la verdad en casos de corrupción", dijo a la AFP Roberto Mejía Alarcón, presidente de la ANP.
"Lo hecho por el TC es pretender poner una venda sobre una herida que está supurando que es la corrupción y que justamente el periodismo independiente lo presenta como uno de los más grandes males del país", añadió.
La congresista Marisol Espinoza, del opositor Partido Nacionalista, estimó que el fallo del TC constituye "un golpe a la lucha contra la corrupción" y es una "puerta abierta a la impunidad" por la cual saldrán libres personajes involucrados en un caso de concesión ilegal de lotes petroleros a una firma extranjera.
La legisladora aludió al caso de los llamados 'petroaudios', que salió a luz en octubre de 2008 cuando la prensa difundió diálogos telefónicos privados difundidos por la prensa en octubre de 2008 en que se descubrieron negociados de funcionarios con la petrolera noruega Discover.
El caso se encuentra en investigación y en su momento provocó una crisis política que derivó en la renuncia del primer ministro, Jorge del Castillo.
"El TC está socavando la democracia porque en la práctica está haciendo desaparecer el material probatorio que llevaría a la cárcel a los implicados en ese caso", advirtió.
El jurista Mario Amoretti observó que la sentencia del TC resulta meramente "simbólica e inaplicable" porque no hay en la legislación penal ningún dispositivo que sancione penalmente a un periodista que difunda una interferencia telefónica.
El letrado hizo notar que hay una clara diferencia entre violación de la intimidad personal o familiar, que sí es sancionable, de una interferencia que conlleva el interés público.
A su vez, el constitucionalista Aníbal Quiroga opinó que lo hecho por el TC es "un acto de censura, no cabe duda", y que generará una gran polémica sobre todo en los inicios de la campaña electoral hacia las presidenciales de abril de 2011.
La decisión fue aprobada por 5 de los 7 magistrados que integran el TC. Dos de ellos la firmaron pero expresaron sus discrepancias por considerar que esa norma vulnera la libertad de prensa.
El magistrado Juan Vergara estimó que "poner una mordaza o censurar determinada información constituye una intromisión ilegítima en los medios de comunicación y afecta el derecho de los ciudadanos a conocer actos que socavan la democracia".
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