Los manifestantes que bloquean Puno, sur de Perú, mantendrán la protesta antiminera y la amenaza de impedir allí el comicio presidencial del 5 de junio, tras rechazar este domingo un acuerdo entre el gobierno y una delegación de la ciudad para suspender la minería por 12 meses.
El sábado en la noche el gobierno peruano y una delegación de la ciudad de Puno habían llegado a un acuerdo que impedía la actividad minera en esa región por un año.
Pero este domingo los manifestantes, que llevan tres semanas de protesta, se ratificaron en que quieren que esta prohibición sea definitiva y ratificada por un decreto supremo.
"Rechazamos ese acuerdo porque no ajusta a lo que la población pide", dijo a la AFP Walter Aduviri, líder del Frente de Defensa de Puno, que dirige la protesta, en su mayoría de la etnia aymara.
Señaló que las principales demandas de la población son "la cancelación de las concesiones mineras al sur de Puno y la cancelación del proyecto minero Santa Ana (de la canadiense Bear Creek) y no se ha logrado nada, por lo que las protestas continuarán".
La protesta se inició en la frontera peruano-boliviana pero el martes pasado se extendió a Puno, capital regional de 120.000 habitantes, tomada y aislada por unos 15.000 campesinos que llegaron de poblaciones vecinas. El fin de semana el ambiente era más tranquilo, comprobó la AFP.
Pero Aduviri indicó que los aymaras "sólo se han replegado por el momento" y que regresarán "el lunes en marchas hacia el centro de la ciudad para continuar con las protestas".
Aduviri advirtió asimismo que los bloqueos de carreteras continuarán y se intensificarán las medidas de fuerza hasta que el gobierno acepte sus demandas.
"En Puno no habrá elecciones para una segunda vuelta entre (la derechista) Keiko Fujimori y (el izquierdista) Ollanta Humala", aseguró.
La segunda vuelta presidencial se realizará el 5 de junio entre esos dos aspirantes.
El sábado el gobierno había propuesto la suspensión temporal de la minería en la zona como medida para acabar el bloqueo.
"Se suspende por 12 meses la admisión de petitorios mineros en cuatro ciudades puneñas, cuya población rechaza la presencia minera porque asegura que contamina el agua y afecta a la agricultura", según la propuesta de la primera ministra, Rosario Fernández.
También se suspendió por el mismo periodo "el procedimiento de estudio de impacto ambiental de la minera Santa Ana", indicó la ministra, que se reunió en Lima con una comisión de Puno integrada por 30 personas, entre alcaldes, congresistas y representantes de la sociedad civil.
Tras el acuerdo algunos bloqueos fueron levantados pero las carreteras principales como la de Puno-Desaguadero (frontera con Bolivia) siguen cerradas por los manifestantes que han colocado piedras y troncos, comprobó la AFP.
En el centro de la ciudad, algunos comercios abrieron y el mercado comenzó a atender en la mañana, pero existe temor entre la población que prefiere no salir a las calles.
Las protestas han provocado el desabastecimiento de los residentes y la imposibilidad de salir de los turistas que visitan Puno, situada a 1.300 km al sur de Lima y a 3.800 metros sobre el nivel del mar, que llegan a la ciudad atraídos por el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.
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