LA ERA DE LOS CONSUMIDORES
Por: Bernat Soria - Hoy.es - EL 15 de marzo de 1962, el presidente John F. Kennedy dirigió al Congreso de EE. UU. un discurso en el que, por primera vez, se reconocía la importancia de los consumidores dentro de la economía de un país, al tiempo que se admitía la escasa atención que los gobiernos venían prestando a un agente que representaba las dos terceras partes del gasto económico. Las palabras de Kennedy fueron: «Por definición, los consumidores somos todos nosotros. Es el grupo más grande del sistema económico que se ve afectado por casi todas las decisiones económicas, tanto públicas como privadas, y que a su vez también influye en la toma de las mismas. Los consumidores representan dos tercios del gasto económico; sin embargo, son el único agente económico que no está organizado de manera eficaz y cuyas opiniones a menudo no se tienen en cuenta».
Esta intervención tuvo gran trascendencia, ya que en ella se enumeraron los derechos de los consumidores que, posteriormente, se han venido reconociendo en los textos legales. Unos derechos que comprenden, primero, el derecho a la seguridad: que se les proteja contra la comercialización de mercancías que puedan ser peligrosas para la salud o la vida. En segundo lugar, el derecho a la información: que se les ampare frente a la información, la publicidad, el etiquetado u otras prácticas que sean fraudulentas o engañosas y que se les proporcionen los datos que sean necesarios para escoger con cierto fundamento. En tercero, el derecho a elegir: que se les garantice, cuando sea posible, el acceso a una variedad de productos y servicios a precios competitivos y, en el caso de las industrias para las que la competencia no existe y se da un cumplimiento sustitutivo de las normativas del Gobierno, que se les asegure una calidad y servicio satisfactorios a un precio justo. Y, por último, el derecho a ser escuchado: que se les garantice que recibirán una consideración absoluta y favorable a la hora de formular las políticas de gobierno y un trato adecuado y rápido en los tribunales administrativos.
Sobre esta base, el entonces presidente de EE UU argumentó una serie de propuestas encaminadas a reforzar programas en los ámbitos de la protección de los alimentos y medicamentos, de un transporte más seguro, de la protección financiera, de una normativa más eficaz, de los costes de la vivienda, de la calidad, de la información al consumidor y de la investigación y sobre la representación del consumidor en el Gobierno. El Gobierno, decía, puede ayudar a que los consumidores se ayuden a sí mismos poniendo a su disposición información relevante, y agregaba: «Si se ofrecen a los consumidores productos de baja calidad, si los precios son exorbitantes, los medicamentos nocivos o ineficaces, si el consumidor no está bien informado a la hora de elegir, en ese caso se malgasta el dinero y su salud y seguridad podrían verse amenazadas y el interés nacional perjudicado. Sin embargo, si se dedica mayor esfuerzo a utilizar los ingresos de la mejor manera posible, se podría contribuir más decisivamente al bienestar de la mayoría de las familias que con un esfuerzo equivalente dirigido a aumentar sus ingresos».
A pesar de los años transcurridos, de los avances y resultado que hemos obtenido en la tarea de tratar de equilibrar posiciones entre los dos grandes protagonistas de la actividad comercial -consumidores y empresarios-, lo cierto es que las afirmaciones de Kennedy son de una vigencia extraordinaria. Al igual que su frase «como todos nosotros somos consumidores, las líneas de acción y propuestas a favor del consumidor nos benefician a todos». Incluso, me permito añadir, a los que no tienen nada, porque ellos también se ven afectados por las conductas de consumo de los que sí tenemos.
En el siglo XXI, con mercados totalmente globalizados, las políticas de consumo son políticas de ciudadanía: cercanas, democráticas, con influencia en dichos mercados, en la responsabilidad social de las empresas y en el Medio Ambiente. Ya ha pasado la era de las políticas de consumo en las que su principal, por no decir único, objetivo era la protección a ultranza de los derechos de los consumidores, sin otra contraprestación por su parte que saber exigirlos y conocer las instancias ante las que hacerlos valer. Ha llegado ese momento en el que los consumidores deben ayudarse a sí mismos, dando el debido uso a toda la información y todo el entramado jurídico administrativo creados a su servicio, que es como decir al servicio del buen funcionamiento del mercado, de su transparencia y de la leal competencia entre empresas.
Esto no es nada nuevo. Ya lo preconizó Kennedy, pero la tesitura económica en la que nos movemos exige que el consumidor asuma y ejerza el papel proactivo y responsable que la sociedad necesita. A lo largo de la historia del consumo, el ciudadano ha adquirido productos y servicios para cubrir sus necesidades básicas; luego para sentirse parte de un grupo o dar la imagen de cierto estatus social; después para ser feliz, buscando en los bienes que compramos el mayor bienestar posible, desde la individualidad. Ahora toca consumir desde la responsabilidad, desde una perspectiva social y solidaria.
De igual manera que las Administraciones y las asociaciones de consumidores hemos hecho historia en las declaraciones de derechos, ahora debemos hacerlo también en el ejercicio de deberes. No significa esto que debamos cambiar u olvidarnos de lo conseguido hasta ahora; ni que debamos colocar al consumidor en una posición de desventaja, similar a la que denunció Kennedy, volviendo a la Europa de los mercaderes; o más bien, dada la globalización del mercado, al mundo de los mercaderes. No se trata de eso, sino de exigir al consumidor que adopte el papel que la coyuntura económica le reclama.
Necesitamos consumidores activos, no impulsivos; consumidores eficientes y responsables que desde su posición económica real interactúen en el mercado, sin adoptar conductas arriesgadas, pero sin dejarse llevar por pánicos injustificados que retraigan la actividad económica poniendo en riesgo el sistema. El Estado del Bienestar se fundamenta en la solidaridad, en la perspectiva del interés colectivo frente al individual. Básicamente, en lo que hoy debería ser la postura colaboradora del ciudadano para mantener este estatus: ser consumidor responsable y solidario.
Esta intervención tuvo gran trascendencia, ya que en ella se enumeraron los derechos de los consumidores que, posteriormente, se han venido reconociendo en los textos legales. Unos derechos que comprenden, primero, el derecho a la seguridad: que se les proteja contra la comercialización de mercancías que puedan ser peligrosas para la salud o la vida. En segundo lugar, el derecho a la información: que se les ampare frente a la información, la publicidad, el etiquetado u otras prácticas que sean fraudulentas o engañosas y que se les proporcionen los datos que sean necesarios para escoger con cierto fundamento. En tercero, el derecho a elegir: que se les garantice, cuando sea posible, el acceso a una variedad de productos y servicios a precios competitivos y, en el caso de las industrias para las que la competencia no existe y se da un cumplimiento sustitutivo de las normativas del Gobierno, que se les asegure una calidad y servicio satisfactorios a un precio justo. Y, por último, el derecho a ser escuchado: que se les garantice que recibirán una consideración absoluta y favorable a la hora de formular las políticas de gobierno y un trato adecuado y rápido en los tribunales administrativos.
Sobre esta base, el entonces presidente de EE UU argumentó una serie de propuestas encaminadas a reforzar programas en los ámbitos de la protección de los alimentos y medicamentos, de un transporte más seguro, de la protección financiera, de una normativa más eficaz, de los costes de la vivienda, de la calidad, de la información al consumidor y de la investigación y sobre la representación del consumidor en el Gobierno. El Gobierno, decía, puede ayudar a que los consumidores se ayuden a sí mismos poniendo a su disposición información relevante, y agregaba: «Si se ofrecen a los consumidores productos de baja calidad, si los precios son exorbitantes, los medicamentos nocivos o ineficaces, si el consumidor no está bien informado a la hora de elegir, en ese caso se malgasta el dinero y su salud y seguridad podrían verse amenazadas y el interés nacional perjudicado. Sin embargo, si se dedica mayor esfuerzo a utilizar los ingresos de la mejor manera posible, se podría contribuir más decisivamente al bienestar de la mayoría de las familias que con un esfuerzo equivalente dirigido a aumentar sus ingresos».
A pesar de los años transcurridos, de los avances y resultado que hemos obtenido en la tarea de tratar de equilibrar posiciones entre los dos grandes protagonistas de la actividad comercial -consumidores y empresarios-, lo cierto es que las afirmaciones de Kennedy son de una vigencia extraordinaria. Al igual que su frase «como todos nosotros somos consumidores, las líneas de acción y propuestas a favor del consumidor nos benefician a todos». Incluso, me permito añadir, a los que no tienen nada, porque ellos también se ven afectados por las conductas de consumo de los que sí tenemos.
En el siglo XXI, con mercados totalmente globalizados, las políticas de consumo son políticas de ciudadanía: cercanas, democráticas, con influencia en dichos mercados, en la responsabilidad social de las empresas y en el Medio Ambiente. Ya ha pasado la era de las políticas de consumo en las que su principal, por no decir único, objetivo era la protección a ultranza de los derechos de los consumidores, sin otra contraprestación por su parte que saber exigirlos y conocer las instancias ante las que hacerlos valer. Ha llegado ese momento en el que los consumidores deben ayudarse a sí mismos, dando el debido uso a toda la información y todo el entramado jurídico administrativo creados a su servicio, que es como decir al servicio del buen funcionamiento del mercado, de su transparencia y de la leal competencia entre empresas.
Esto no es nada nuevo. Ya lo preconizó Kennedy, pero la tesitura económica en la que nos movemos exige que el consumidor asuma y ejerza el papel proactivo y responsable que la sociedad necesita. A lo largo de la historia del consumo, el ciudadano ha adquirido productos y servicios para cubrir sus necesidades básicas; luego para sentirse parte de un grupo o dar la imagen de cierto estatus social; después para ser feliz, buscando en los bienes que compramos el mayor bienestar posible, desde la individualidad. Ahora toca consumir desde la responsabilidad, desde una perspectiva social y solidaria.
De igual manera que las Administraciones y las asociaciones de consumidores hemos hecho historia en las declaraciones de derechos, ahora debemos hacerlo también en el ejercicio de deberes. No significa esto que debamos cambiar u olvidarnos de lo conseguido hasta ahora; ni que debamos colocar al consumidor en una posición de desventaja, similar a la que denunció Kennedy, volviendo a la Europa de los mercaderes; o más bien, dada la globalización del mercado, al mundo de los mercaderes. No se trata de eso, sino de exigir al consumidor que adopte el papel que la coyuntura económica le reclama.
Necesitamos consumidores activos, no impulsivos; consumidores eficientes y responsables que desde su posición económica real interactúen en el mercado, sin adoptar conductas arriesgadas, pero sin dejarse llevar por pánicos injustificados que retraigan la actividad económica poniendo en riesgo el sistema. El Estado del Bienestar se fundamenta en la solidaridad, en la perspectiva del interés colectivo frente al individual. Básicamente, en lo que hoy debería ser la postura colaboradora del ciudadano para mantener este estatus: ser consumidor responsable y solidario.
0 comentarios